La recuperación económica se está complicando debido a una serie de circunstancias desafortunadas que tienen su origen en la propia pandemia, a veces de manera muy directa, como el coste del transporte, y, en otros, proceden indirectamente de la misma, como la escasez de ciertos inputs industriales, que ha afectado de manera especial a la industria automovilística. Pero lo más preocupante de todo es el repunte de la inflación, con cifras que no se veían desde hace más de una década. De ello se pueden derivar consecuencias muy negativas. Unas serán a corto plazo, dado que muchas empresas no podrán corregir al alza los precios de venta, agudizando así su ya muy escasa viabilidad, que se pondrá de manifiesto a partir del año que viene cuando la paciencia de bancos (créditos) y sector público (avales) se agote, por mucho que el Gobierno pretenda retrasar el momento de la verdad.

Sus peores consecuencias irán aflorando lenta pero seguramente cuando la política monetaria se endurezca: con esta inflación sería suicida mantener los tipos de interés en los niveles simbólicos actuales. Vendría acompañada por una política presupuestaria menos tolerante, sobre todo para aquellos países que ya han acumulado una Deuda Pública considerable, que equivale a funcionar en un permanente filo de la navaja, tesitura en la que se encuentran todos los países mediterráneos. Supondría todo un cambio de panorama para la zona euro, que hasta ahora ha sido muy laxa al respecto. Pensemos que con una Deuda emitida en buena parte a tipos de interés cero, que en 2022 rebasará inexorablemente los 1,5 billones de euros, el Estado español estima que no pagará más de 30.000 millones de euros en intereses.

Demasiado artificial como para que esta situación dure mucho tiempo y el tejido económico no acabe pagando las consecuencias de su corrección.

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