Italia tiene un serio problema de credibilidad. No sólo su economía lleva décadas estancada, y su deuda pública ha llegado a niveles estrambóticos, sino que en todo este tiempo ha sido incapaz de llevar a cabo ninguna de las reformas que sus socios europeos le reclaman. O sea, más o menos, como España.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los fundamentos en que se asienta la economía de un país que había sido una referencia en la construcción europea, pero cuyos políticos y funcionarios han sido capaces de despilfarrar el talento de generaciones de grandes empresarios italianos. La gestión de los fondos europeos para la reconstrucción plantea a Italia el mismo problema de España: las ayudas están condicionadas. En principio, podría recibir unos 190.000 millones de euros para modernizar su economía y su administración, si fuera capaz de garantizar a la Comisión Europea que llevará a cabo las reformas imprescindibles. El prestigio de Draghi y su gobierno está en juego en lo que puede ser el último tren de una posible modernización: ¿podrán hacerlo o, más exactamente, les dejarán hacerlo?

Italia por lo menos tiene el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, Draghi ha demostrado ser un tecnócrata eficaz y atrevido, capaz de desafiar cualquier tipo de oposición. El contraste con España es abismal. De momento, nuestro presidente, un tal Sánchez, un tipo sin fundamento, ha tenido que informar a Bruselas que su gobierno se niega a afrontar las dos reformas más significativas, pensiones y mercado de trabajo, que se le pedían porque le ha sido imposible consensuarlas con los agentes sociales.

Italia tiene una oportunidad real para dejar de ser una pesadilla para Europa. España garantiza que lo seguirá siendo durante muchos años.

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