LA NUEVA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO BUSCA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
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Alineado con la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, el Gobierno Vasco ha aprobado recientemente un Programa de Descarbonización Industrial a través del cual destinará 20 millones de euros para ayudar a las empresas del sector a afrontar inversiones en instalaciones productivas, nuevas o existentes, que les permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto las derivadas del consumo de energía como de sus procesos de producción. Este programa, destinado a firmas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, será ejecutado por la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (Spri) y permitirá anticipar decisiones de inversión. La finalización del plazo de presentación de solicitudes para las ayudas será el próximo 20 de junio y el plazo establecido para la resolución de las mismas será de seis meses.
El País Vasco cuenta desde comienzos de año con su propia Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad, la resiliencia y una transición justa para 2050. No obstante, se compromete a hacer todo lo posible para adelantar el objetivo de neutralidad climática en 2045. Asimismo, recoge el reto de aprovechar las oportunidades del proceso de esta transición para impulsar la competitividad a través de una transformación de la industria vasca basada en el desarrollo tecnológico e industrial y su descarbonización. La nueva ley establece entre sus objetivos concretos lograr la reducción de emisiones del 45 por ciento en 2030, con respecto a 2005, un ahorro final de energía de, al menos, un 12 por ciento para el año 2030 y un 37 por ciento para 2050, tomando en ambos casos como base los datos de 2021, y una participación de las energías renovables en el consumo final energético de, al menos, un 32 por ciento en 2030.
El texto legal pone al mismo nivel la adaptación al cambio climático que la mitigación del mismo (reducción de emisiones, generación y consumo de energía renovable y avanzar en la apuesta por la eficiencia energética) y recoge medidas específicas para hacer de la CAPV un territorio resiliente. Además, crea nuevas figuras para participar en su gobernanza, como la Oficina Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, el Comité Científico y la Asamblea Ciudadana. Una de las funciones de la oficina será realizar un seguimiento cercano de la actividad y del cumplimiento de la ley, mientras que en la asamblea ciudadana se cuidará especialmente la participación de los jóvenes. Tal y como se recoge en su articulado, las diputaciones y los municipios de más de 5.000 habitantes deberán aprobar, en el marco de sus competencias, planes de clima y energía. Para ello, el Gobierno Vasco elaborará una guía de instrucciones en las que se establecerán los instrumentos, metodologías y herramientas que podrán emplearse para elaborar dichos planes.
EL 2,5% DE LAS CUENTAS VASCAS PARA ACCIÓN CLIMÁTICA
La ley contempla, asimismo, otras políticas sectoriales y territoriales que contribuirán a la neutralidad climática, como planes de reducción de emisiones, el impulso de la economía circular y la descarbonización de los procesos industriales, así como optimización de sumideros de carbono para incrementar y mantener su capacidad de absorción de carbono. También exige que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAPV destine el 2,5 por ciento de su cuantía a la adopción de medidas de acción climática y recoge que el resto de las administraciones públicas vascas promoverán la integración de la perspectiva energética y climática en sus presupuestos públicos Asimismo, establece el pago de un canon anual a instalaciones de energías renovables, como parques eólicos y solares fotovoltaicos, que revertirá en los municipios afectados, de manera que la implantación en el suelo no urbanizable será gravada (a partir del 1 de enero de 2025) para financiar el desarrollo de actuaciones a la conservación, reposición y restauración del medio ambiente.
La Ley de Transición Energética y Cambio Climático recoge otras obligaciones que afectan a las instituciones, como, por ejemplo, la elaboración de un plan de desinversión de combustibles fósiles para que el Gobierno Vaso y las entidades que conforman el sector público dejen de participar, lo antes posible, y antes de 2030, de manera directa o indirecta, en cualquier tipo de sociedad, empresa, iniciativa o proyecto orientado tanto a explorar, como a refinar o procesar combustibles fósiles, incluidas las actividades de generación de electricidad quemando combustibles fósiles. Igualmente, establece que los órganos de contratación de las administraciones públicas vascas incluyan en los pliegos de sus contratos la obligación de disponer de la huella de carbono de los productos, servicios y suministros cuya contratación se licite y obliga a las instalaciones industriales a calcular su huella de carbono y a elaborar un plan dirigido a minimizarla para que la misma sea cero o negativa, si fuera técnica y económicamente viable. Esta exigencia también impacta en la actividad del comercio y del turismo, que deberán realizar una reducción progresiva de la huella de carbono mediante su cálculo y la elaboración de un plan dirigido a su reducción.
Por lo que se refiere al sector primario, se favorecerán medidas de fomento para ayudar a que en 2030 se logre que el 25 por ciento de las tierras agrícolas del País Vasco sean manejadas con agricultura ecológica y, del mismo modo, se fomentarán la ganadería ecológica y los mercados de proximidad.
El borrador de la primera actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), remitido ya por el Gobierno de España a la CE, contempla unos objetivos más ambiciosos, especialmente en el apartado de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, pasa de un descenso del 23 por ciento en 2030, respecto a 1990, a una bajada del 32 por ciento. Según consta en el documento aprobado por el Consejo de Ministros, el incremento del peso de las renovables sobre el uso final de la energía en España también experimenta un alza importante, pasando del 42 por ciento previsto en el plan anterior a cerca de un 48 por ciento. Al mismo tiempo se reduce intensamente la dependencia energética exterior, cambiando a un escenario en el que el 49 por ciento de la energía primaria procederá de fuentes autóctonas, frente al 27 por ciento en 2019, lo que supone 10 puntos más que el anterior PNIEC y proporcionaría un ahorro superior a los 90.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles durante todo el periodo.
SE PREVÉ LA INVERSIÓN DE 294.000 MILLONES DE EUROS
El peso de las renovables también se incrementa hasta el 48 por ciento del consumo final de energía, aportando el 81 por ciento en el sector eléctrico, frente al 74 por ciento previsto anteriormente. Entre las energías limpias, dentro del sector eléctrico cobrará un especial protagonismo el autoconsumo, que gracias a los cambios normativos de los últimos años y al impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia alcanzará los 19 gigavatios (GW) en 2030. Para integrar esta cantidad de renovables en el sistema eléctrico será necesario el incremento de la presencia del almacenamiento energético hasta los 22 GW.
En total, para 2030, el Borrador del PNIEC espera tener instalados en España 62 GW de energía eólica, 76 GW de fotovoltaica, 4,8 GW de solar termoeléctrica, 1,4 GW de biomasa y los ya mencionados 22 GW de almacenamiento. El hidrógeno verde también pasa a ser otro de los protagonistas de este proceso de actualización, del que resulta una previsión de 11 GW de electrolizadores, dada la elevada penetración de este vector esperada en la industria, uno de los sectores clave a descarbonizar. La mejora en eficiencia energética en todos los sectores, hasta el 44 por ciento, el incremento de la flexibilidad del sistema energético, el aumento de la competitividad industrial y el impulso a la cadena de valor o el desarrollo a los nuevos modelos de negocio serán, asimismo, claves en la transición energética, factores impulsados en gran medida por los Perte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como resultado de todas las medidas previstas en este plan se producirá un mayor impacto en el crecimiento económico, de manera que este proceso de actualización supondrá un aumento del PIB anual de 34.700 millones de euros, según se recoge en el borrador. Se estima, además, la movilización de una inversión de 294.000 millones de euros, de los que el 85 por ciento será privada.
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