La realidad económica ofrecía suficientes motivos de preocupación sin necesidad de que apareciera el coronavirus. Habíamos entrado en un escenario de evidente desaceleración que no había podido evitar una política monetaria de liquidez inagotable y tipos de interés por los suelos, ni una política fiscal cuyo déficit inyectaba más de 30.000 millones de euros todos los años. En resumen, no estábamos resolviendo nuestro principal problema, el paro, y ya estábamos creando otro, una deuda pública monumental, que trasferiremos alegremente a la próxima generación.
Nada de ello parecía preocupar lo más mínimo a un Gobierno que no dudaba en agravar el problema tomando una serie de decisiones populistas: subía los salarios, diluía la reforma laboral, y deterioraba la sostenibilidad del sistema de pensiones. Todo lo cual era perfectamente contradictorio con un escenario declinante, que hacía temer un empeoramiento adicional de la situación.
Para felicidad del Gobierno ha surgido una pandemia de efectos poco menos que ilimitados. A partir de ahora todo lo malo que ocurra se podrá atribuir al coronavirus: el empleo que no se cree, el déficit público que no se reduzca, las ventas al exterior que no se produzcan, etc. Mientras las noticias de la pandemia alcanzan la máxima notoriedad en todos los medios de comunicación, los ciudadanos se preparan para lo peor en el terreno económico. Como nadie tiene la culpa de la terrible amenaza que se cierne sobre nosotros, el Gobierno respira tranquilo por una parte y por otra se siente reafirmado en su papel de salvador in extremis de la nación.
El protagonismo del Estado está garantizado por lo menos para una generación. Un Estado que, si consigue el respaldo exterior necesario, ya está pensando en cómo gastarlo, y es que hay tantas asignaturas pendientes, y tantas elecciones que ganar.
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