La utilización del Presupuesto público con fines electorales es una práctica bien asentada en nuestro país donde tenemos una clase política obsesionada por ser reelegida (por lo menos tanto como Trump). Es una forma como otra cualquiera de privatizar lo público, eso que dicen detestar de cara al exterior pero no dudan en practicar en privado. Desde que esa clase política se dio cuenta del peso desmedido de funcionarios, 3,5 millones, y pensionistas, casi diez millones, se han dedicado a cultivar su inquebrantable adhesión por la vía de favorecerles económicamente. Es conocido que los funcionarios cobran de media un 50 por ciento más que los trabajadores del sector privado. También que la renta media de los mayores de 65 años es superior a los que están en edad de trabajar. Algo verdaderamente insólito.
El INE ha aportado un dato curioso en ese sentido. La pensión media supera por poco los 20.000 euros, mientras que la media salarial no pasa de 18.468. Hay que tener en cuenta que los trabajadores entre 20 y 24 años, casi todos temporales, cobran una media de 12.914 euros, menos de la mitad de lo que cobran los mayores entre 55 y 59 años, casi 28.000 euros. Toda la legislación está orientada a proteger a los mayores, que son los que protestan y reivindican, y deja de lado a los jóvenes, que no lo hacen. Y cuando surge una formación política que parecía destinada a acabar con esta sangrante injusticia, Podemos, no tardó en convertirse en parte del sistema (la casta), hasta el punto de que son los que más han insistido en subir salarios públicos y pensiones en medio de las peores circunstancias económicas de la historia.
Seguro que esperan obtener un sólido respaldo electoral a su apuesta por la senectud.
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