Hace unas semanas desayunamos con otra brecha entre oferta y demanda. En este caso, de vivienda. Una de las mayores preocupaciones sociales, pero también de las administraciones públicas y del sector privado. Aunque no es nuevo, la repercusión creciente entre las nuevas generaciones está adquiriendo tal proporción que ha pasado a convertirse en un enorme desafío imposible de asumir sin el consenso de todos los agentes sociales, económicos y políticos y, aún así, de muy difícil solución.

Así se constató durante una jornada de Adype, donde el Consejero de Vivienda, Denis Itxaso, por el lado público; y responsables de la promotora Neinor y Construcciones Sukia, por la parte privada, ofrecieron sendas versiones de un conflicto que afecta a todos de forma diferente. Los gobiernos de turno lo incluyen en las agendas de cada legislatura con el ánimo de dar salida a un problema social y, al tiempo, alcanzar un hito lo suficientemente relevante para ganar adeptos en la siguiente cita con las urnas.

Mientras, el sector privado repite una máxima que no admite peros: si no hay viabilidad económica no se construye. Se trata de un problema global en el que impactan diversas variables como la demografía y el envejecimiento poblacional, las migraciones, los movimientos sociales y, como no, las cuestiones medio ambientales, nuevas costumbres y necesidades vitales.

Las carencias de una España vaciada, y prácticamente derruida y abandonada en su más amplio significado, contrasta con el relativo, a veces necesario, atractivo que ofrece el abarrotado entorno urbano, que lucha por dar respuesta a las necesidades de una sociedad civil cada vez más exigente. La cuestión de fondo es inalterable tanto para el conjunto de España como para Euskadi, uno de los territorios con menos suelo disponible. Y tan irresoluble como una pescadilla que se muerde la cola. Todos queremos vivienda más barata pero la normativa y los condicionantes externos encarecen la construcción. Falta financiación y, lejos de facilitar, “la gestión urbanística, compleja y rígida representa otro impedimento”, sentenció Sukia quien, además, advirtió que muchos proyectos no salen adelante por la contestación social.

En consecuencia, la realidad es aplastante: no se construye vivienda suficiente para satisfacer la demanda, por lo que el precio no para de aumentar. Y todos queremos vivir en el centro, con buenas vistas, buenas comunicaciones y sin ruidos, a ser posible.

En Euskadi, el Gobierno Vasco ha aprobado su Ley de Medidas Urgentes para tratar de desbloquear suelo y acelerar la promoción de vivienda, flexibilizar y reducir los plazos administrativos. El objetivo es activar 75.000 viviendas protegidas y duplicar la producción anual. Y se barajan otras vías de actuación: construcción de levantes en edificios públicos, adecuación de lonjas comerciales, industrialización de la construcción... además de frenar la especulación y de buscar la rentabilidad financiera en otros activos. El problema es global y requiere una visión de conjunto en el que la capacidad de compromiso, cohesión y concesión determinará el avance hacia la solución.