El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que regula las normas que deben respetar sus herramientas en España. Se trata de la adaptación de la legislación española al reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), en vigor desde 2024, y contempla multas que pueden llegar a los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual del sancionado.

"Urge decir a la IA lo que puede y no puede hacer"

La norma prohibe usos concretos como la realización de deepfakes sexuales o la producción de pornografía infantil pero también prácticas más subrepticias como la discriminación por cuestiones de raza o estrato social de cara al acceso, por ejemplo, a subvenciones o préstamos. El Ministerio de Administración Digital subrayó la importacia de que la ciudadanía sepa que están prohibidas para que las pueda denunciar. La norma, que obligará a las administraciones públicas a la creación de un inventario de los sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, abre el camino a imputar a la máquina lo que antes sólo era imputable al ser humano: la manipulación, la discriminación, las generalizaciones perjudiciales... Y en último término los delitos graves.

Urge decir a la IA, y fundamentalmente los que la desarrollan, lo que puede y no puede hacer. Más aún cuando, como ha podido percibir todo aquel que haya tratado con ella, entraña un riesgo gigantesco, ya que, además, de faltarle contexto, carece del sesgo, quizá más humano de todos. La capacidad de replantearse una decisión o un pensamiento, y desechar en un segundo todo lo elaborado.

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