Conviene comenzar por una verdad incómoda.

No sabemos exactamente qué pasó. O, mejor dicho, sabemos muchas cosas, pero no lo suficiente. Sabemos que el 28 de abril de 2025, a las 12.32, la Península Ibérica se quedó sin electricidad. Sabemos que millones de ciudadanos vieron interrumpida su vida cotidiana en cuestión de segundos. Sabemos que el sistema colapsó de forma abrupta, que la reposición fue lenta y desigual y que el histórico fundido a negro se debió a causas multifactoriales. Lo que no sabemos de forma concluyente es la atribución de responsabilidades. Y lejos de esclarecerse, la proliferación de informes técnicos, documentos europeos e informaciones publicadas, que apuntan a fallos conocidos, han servido más para diluirlas que para aclararlas.

"Un año después, el apagón persiste no por sus causas, sino por sus consecuencias"

Cada actor implicado -el operador, las eléctricas, los organismos reguladores, el propio Gobiernoha aportado su versión, siempre técnicamente plausible, pero estratégicamente incompleta, lo que lejos de arrojar luz sobre lo sucedido, lo emborrona. Se dirá que el sistema eléctrico es complejo, que la transición energética introduce nuevas variables, que la integración de renovables exige ajustes constantes.

Todo ello es cierto.

Pero la complejidad no puede convertirse en coartada. En el último año, se ha reforzado la estabilidad de la red mediante tecnologías de respaldo y se han revisado criterios operativos. Ajustes que, en sí mismos, sugieren que el equilibrio anterior presentaba debilidades que no se quisieron reconocer a tiempo. Y así seguimos. Un año después, el apagón persiste no por sus causas, sino por sus consecuencias: acusaciones cruzadas, ausencia de indemnizaciones y ciudadanos y empresas soportando una factura más cara tras dispararse el coste del recargo antiapagón.