Las pymes son el auténtico motor de la economía tanto en España como en Euskadi. La práctica totalidad del tejido productivo, casi el 99% del total, está compuesto por compañías de este tipo, que, a su vez, generan seis de cada diez empleos. Son, sin género de duda, un actor clave para el devenir del país y la base sobre la cual se sustenta el estado de bienestar.

De ahí la conveniencia, es más, la obligación -diría yo-, de tomar muy en cuenta la opinión de este colectivo. En este sentido, un reciente informe elaborado por el Consejo General de Economistas de España y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa constata que tres cuartas partes de las pymes nacionales consideran que crecer en tamaño tiene una importancia relevante para mejorar tanto su rentabilidad como su eficiencia y su productividad. En definitiva, su competitividad.

Tomar en cuenta la opinión de las pymes es una obligación.

Sin embargo, este estudio pone también de manifiesto una conclusión que debería hacer reflexionar a los responsables políticos: señalan múltiples barreras regulatorias como el principal freno para poder hacerlo. Entre ellas, las normativas laborales -incluidas las cargas sociales-, las obligaciones fiscales, la burocracia y los trámites administrativos.

La propia UE -’Think Small First’- deja claro que la pyme debe ser el centro de las políticas económicas a nivel comunitario, pero también de los Estados miembros. Así que algo habrá que hacer en todos los ámbitos. Simplificar y derogar normas que detraen recursos de las pymes, mejorar el acceso a su financiación, incentivos fiscales y de reducción de trámites a las fusiones y adquisiciones, desarrollo de fondos de deuda público-privados... son algunas de las propuestas de los expertos.

En Euskadi, algo parece que se está haciendo, pero es indudable que hay que seguir profundizando.

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