La industria europea de automoción está preocupada por el lento avance en el establecimiento de una estrategia eficaz que impulse la competitividad nacional, y ha llamado a la CE a actuar con urgencia antes de que finalice el mandato actual en 2024, y evitar sufrir más retrasos. No son solo los fabricantes de automóviles, unidos bajo el paraguas de Acea. Hasta siete firmantes pertenecientes a la cadena de valor del automóvil, incluidos representantes sindicales, han enviado una carta a la presidenta, Ursula von der Leyen, con una lista de actuaciones clave. No es para menos, considerando que hablamos de una industria que genera más de 13 millones de empleos en la Unión Europea, y que corre el riesgo de que le adelanten por la derecha. Así se lo han comunicado a la responsable, a la que han tenido que sacar los colores, al poner a China como ejemplo de estrategia en favor de una “industria automovilística nacional competitiva a escala mundial en electromovilidad”.
También han citado a Estados Unidos, y su Ley de Reducción de la Inflación, que han calificado de “marco sólido de política industrial para impulsar cientos de miles de millones de inversión privada”, sobre la que la UE tiene que reaccionar. Según señalan en el memorando conjunto, Europa debe impulsar la inversión en la cadena de valor de baterías y componentes que permita avanzar hacia la descarbonización sin perder competitividad. Para lo cual es necesario un marco regulador coherente que estimule la inversión en Europa y reduzca nuestra dependencia de terceros países. También en el ámbito del hidrógeno, tanto para las aplicaciones industriales como la movilidad. Todo un rapapolvos a los gobernantes y su gestión de la transformación del sector, que no ha quedado ahí. A las recurrentes reivindicaciones sobre la agilidad de los trámites administrativos y ayudas públicas, las peticiones han incluido otras acciones tan evidentes como mejorar el acceso al transporte y garantizar la igualdad de condiciones a escala mundial. La UE debe garantizar una movilidad asequible y sostenible para todos, mientras la industria intensifica sus esfuerzos para producir vehículos y servicios accesibles, han manifestado los firmantes. Una estrategia global en la que una política de incentivos coordinados es fundamental.
Parece evidente que la incertidumbre sobre el futuro de la industria depende en gran medida del grado de coherencia que gasten los respectivos gobiernos. Así lo están sufriendo en Reino Unido, donde el Gobierno no tiene claro si los ciudadanos están preparados para acometer el cambio que se les exige, y ha decidido posponer la prohibición de la venta de coches con motores de combustión interna a 2035, cinco años más. Lo que, inevitablemente, distorsiona la estrategia de los fabricantes. Quizá no sea cuestión de preparación y si de concienciación... económica.
Con todo, una noticia relevante: ante la acusación de “inacción de los legisladores”, y un paso adelante. El Consejo Europeo ha aprobado la propuesta sobre la norma Euro 7, manteniendo los límites de emisiones y las condiciones de prueba para vehículos ligeros, y reduciendo los de los pesados. La entrada en vigor se retrasa dos años, a 2027 y 2029, respectivamente.
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