La violencia terrorista sufrida durante décadas por las sociedades vasca y española, además del drama humano (víctimas mortales, personas heridas, extorsionadas, transterradas, secuestros...), acarreó un importante coste económico. Aunque el lucro cesante no se puede medir con exactitud, algunos expertos estiman que el coste directo ascendería a unos 25.000 millones de euros de 2020.
Según los datos que expuso recientemente el secretario de la Comisión de Economía de la Universidad de Deusto, Luis Ramón Arrieta, en una conferencia organizada por la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (Adype), durante los peores años del terrorismo se produjo una fuerte caída de la inversión extranjera en la CAPV (de alrededor de un 7% entre 1960 y 1970 a una media anual del 1,8% en las décadas posteriores). Esto se tradujo en una pérdida del stock de capital del 43 por ciento (en 1965 el País Vasco representaba casi el 11% de la economía española y hoy apenas poco más del 5%). Como consecuencia de todo ello, el PIB vasco sufrió un descenso del 24 por ciento, según las estadísticas a las que aludió Arrieta.
Pero, una vez cerrado el capítulo del terrorismo, ¿cómo están evolucionando los datos? El experto de la Universidad de Deusto subrayó que el stock de capital industrial no ha crecido y que, “desde el punto de vista de captación de inversión, no estamos poniendo en valor la paz”. Por ello, abogó por aprovechar el fin de la violencia y un marco competencial único, gracias al Concierto Económico, para poner en marcha un plan de impulso económico con el que recuperar tejido empresarial y captar inversiones. Según dijo, debería incluir un marco fiscal especial, impulso al emprendimiento, retorno de transterrados y puesta en valor de la figura del empresario.
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