El nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España supone un flaco favor
Controvertido, desacertado e incluso kafkiano son algunos de la lluvia de calificativos con los que podríamos tildar el reciente nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España, una decisión que no resulta ni ética ni estética. Más allá del ruido político generado y la histriónica reacción de la oposición, no cabe objeción alguna en cuanto a las cualidades técnicas del que fuera hasta anteayer ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, que cumple de largo con los criterios de elegibilidad que impone la ley por la que se regulan los órganos rectores del Banco de España.
Pero es que la cuestión del debate es un defecto de fondo, que no de forma. El aterrizaje directo de Escrivá desde el Consejo de Ministros menoscaba la imagen, la reputación y la esencia de una institución regida en torno al principio de autonomía. Porque el mero hecho de cumplir la ley al pie de la letra o la existencia de casos similares en otros países de la Unión Europea no amparan la adopción de una decisión que, cuando menos, es más que cuestionable en cuanto a su idoneidad.
Supone un flaco favor para un ecosistema democrático denostado por una acuciada pérdida de confianza en las instituciones, además de ser un lastre para el propio designado y su mandato. Escrivá se declara totalmente independiente para dirigir el Banco de España tras su paso por el Gobierno, una virtud que se presupone. Serán las próximas acciones y actuaciones que adopte las que nos desvelen si es capaz de desprenderse de esa pesada losa en una nueva etapa en la que se avecinan cambios.
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