Negociación Colectiva

Transcurrido el primer trimestre del año, parece percibirse ya con cierta claridad que las dificultades e incertidumbres que están caracterizando al inicio de este 2022 se están trasladando también a la negociación colectiva. Es cierto que los procesos de negociación tienen sus ritmos y sus tiempos, y que los primeros meses del año no suelen ser pródigos en acuerdos, pero las cifras a mediados del mes de abril, a pesar de la existencia de dos preacuerdos sectoriales alcanzados en Bizkaia, y pendientes por tanto de ratificación definitiva, muestran que apenas el 27% de las personas trabajadoras tienen sus convenios actualizados.
Los factores que explican esta situación son dos. En primer lugar, la situación existente al comienzo del año, que varía de un ejercicio a otro y depende de cuántos sean los acuerdos que provienen de años anteriores, dada la vigencia plurianual de la mayoría de los convenios colectivos. En relación con este primer apartado, únicamente un cuarto (el 25%) del total de los acuerdos aplicables en la CAPV se encontraban actualizados.
El segundo factor es la propia actividad desplegada por los agentes negociadores. Se trata de una variable que muestra de manera más fiable el grado de consenso o disenso existente entre ellos y la cercanía o distancia de sus respectivas pretensiones negociales. El escaso nivel de acuerdos estaría reflejando, en muy buena medida, tanto las incertidumbres provocadas por las dudas razonables sobre la solidez de una recuperación económica, que las principales variables siguen confirmando, aunque a un ritmo sensiblemente menor al esperado, como los efectos en gran parte desconocidos y sin duda muy difíciles de prever de la guerra en el este de Europa y, probablemente por encima de todos estos elementos, el elevado repunte inflacionario.
A partir de la reintroducción de la ultractividad indefinida de los convenios por la última reforma laboral, la finalización de la vigencia pactada de un convenio colectivo no conlleva para los trabajadores la pérdida de los derechos que se establecen en él, pero sí, como es obvio, la congelación de sus condiciones laborales, entre ellas y de modo muy significativo los salarios. Por eso, el bloqueo de las negociaciones en un contexto de incremento muy acusado de los precios representa un desafío muy notable que requiere de una respuesta razonable.
Sin duda, el sudoku es muy complejo. Por una parte, se trata de garantizar a medio plazo el mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas salariales; por otra, exige actuar con prudencia para tratar de moderar el riesgo de que una traslación mecánica e inmediata de los precios a salarios y márgenes empresariales se convierta en un factor adicional que alimente la espiral inflacionaria. Las únicas certezas ante este dilema son dos: que, a pesar de la complejidad del desafío, estamos condenados una vez más a alcanzar acuerdos, y que debe ser la autonomía colectiva quien decida cuáles han de ser los parámetros y los tiempos para que estos acuerdos consigan conciliar razonablemente ambos objetivos. La solidez de la recuperación económica y social en términos justos depende también de ello.

‍