Hace unas semanas, los responsables de distintos clústeres industriales de Euskadi nos reunimos con la europarlamentaria Oihane Agirregoitia para trasladarle las prioridades de nuestros sectores en el actual contexto europeo. Fue una sesión técnica y muy oportuna, que permitió subrayar una idea compartida: la competitividad industrial de Europa se juega en marcos regulatorios concretos, donde la industria, las administraciones públicas y nuestros representantes en las instituciones europeas tenemos un papel decisivo.

La próxima revisión de la Directiva de contratación pública es un claro ejemplo de ello. Para la industria ferroviaria, esta revisión es especialmente relevante. El ferrocarril es una infraestructura esencial para la movilidad, la cohesión territorial y la transición climática. Pero su desarrollo depende en gran medida de cómo se diseñan y ejecutan los procedimientos de contratación pública, que representan prácticamente toda la demanda del sector. Durante años, la contratación pública europea se ha orientado a garantizar apertura y competencia, un principio hoy válido y necesario. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Hoy Europa compite no solo con empresas sometidas a reglas equivalentes, sino con actores apoyados por políticas industriales agresivas, ayudas públicas poco transparentes o estándares regulatorios menos exigentes.

En este escenario, la contratación pública no puede seguir siendo un instrumento neutro: debe convertirse en una verdadera herramienta de política industrial, alineada con los objetivos de autonomía estratégica, resiliencia de las cadenas de suministro y protección de infraestructuras críticas. Europa no puede permitirse perder capacidades industriales clave en sectores como el ferroviario, que aportan empleo cualificado, exportaciones, soberanía tecnológica. La dependencia exterior en ámbitos estratégicos puede traducirse en vulnerabilidades técnicas, económicas y geopolíticas. Por ello, la revisión de la Directiva es una oportunidad para evaluar las ofertas de forma más completa, teniendo en cuenta no solo el precio, sino también la calidad, la seguridad, la sostenibilidad, la trazabilidad de la cadena de suministro y el cumplimiento de estándares sociales y ambientales equivalentes.

"Persisten prácticas que trasladan riesgos desproporcionados a las empresas"

Al mismo tiempo, es imprescindible modernizar los pliegos y condiciones contractuales. Persisten prácticas que trasladan riesgos desproporcionados a las empresas: penalidades y responsabilidades ilimitadas, desprotección ante requerimientos sobrevenidos y prelaciones documentales que permiten interpretaciones unilaterales de los requisitos técnicos por parte del cliente. Estas situaciones desincentivan la innovación, reducen la concurrencia y comprometen la viabilidad financiera de los proyectos. Una modernización equilibrada —basada en consultas de mercado previas, procesos de negociación más claros, revisión de precios en contratos plurianuales, transparencia reforzada y una jerarquía documental bien definida— aportaría seguridad jurídica y mejores resultados para el interés público.

Asimismo, es fundamental garantizar condiciones de competencia equilibradas. Instrumentos como el Reglamento de subvenciones extranjeras han supuesto un avance, pero todavía es necesario dotar a los poderes adjudicadores de herramientas eficaces para prevenir prácticas de competencia desleal. Europa ha demostrado que puede reaccionar ante los grandes desafíos industriales: la política de baterías o las nuevas estrategias de defensa y tecnología lo evidencian. El ferrocarril, como pilar de la movilidad sostenible y de la conectividad europea, merece una ambición similar. Desde la industria ferroviaria española defendemos una revisión de la Directiva que fortalezca la competitividad, la innovación y la autonomía estratégica del continente. No se trata de cerrar mercados, sino de garantizar una competencia justa, transparente y coherente con los intereses estratégicos de Europa. El encuentro de hace unas semanas demuestra que existe sensibilidad en las instituciones europeas hacia estas preocupaciones.

Ahora corresponde trasladar ese diálogo al terreno normativo, para que las futuras reglas de contratación pública contribuyan de forma efectiva a fortalecer la base industrial europea y, con ella, el futuro del ferrocarril. Porque, en sectores como el ferroviario, la competitividad europea empieza, literalmente, en los pliegos.

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