El Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda publicó hace unos días un informe sobre las balanzas fiscales. Un asunto que, sinceramente, me parece una obsesión de la territorialización del poder político, especialmente si lo que se consigue, al final, es reventar vectores económicos y sociales que alimentan flujos financieros y valores que benefician a todos, incluida una egoísta diversificación de riesgos para los asegurados.
El IEF incluye en su balanza fiscal la Seguridad Social, un sistema de caución mutua al 100% para los trabajadores partícipes, en obligaciones y en beneficios. Este ‘seguro’ no tiene ninguna afectación territorial, ni la debería tener, y mucho menos sin consultar a sus activos y pasivos. Ya la unión de estos fondos con los presupuestos del Estado, desde Franco, resultó perjudicial para el sistema en todos los aspectos, aunque a los gobiernos de turno les viniera muy bien para cuadrar y ampliar el radio de sus políticas, incluida la reconversión industrial. De aquellos polvos, el lodo actual del sistema.
Dice el organismo ministerial que la Seguridad Social ingresó por derechos de sus cotizantes 117.487 millones de euros, 27.646 millones por debajo del gasto anual de 145.133 millones. Los cotizantes vascos aportaron 7.103 millones, con un déficit de 3.569 millones sobre los 10.672 millones empleados en pensiones y gastos del sistema.
El cruce de los datos anteriores atribuye al País Vasco, si se territorializa, un 12,9% del déficit total. Esta posición no parece que mejorará, dado que la CAPV presenta un menor ritmo de crecimiento en afiliados respecto a la media (8,7% frente a 13,6%, ente 2005 y 2023) y una mayor vitalidad en las pensiones de jubilación (41,1% frente a 35,7%), que supone el grueso del gasto. Además, los cotizantes vascos, en número, no en aportación, representan el 4,85% del total; y los jubilados, el 5,89%. Evidentemente, no se quiere romper la aportación a la caja única.
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