La reciente movilización de 160 millones de euros en avales por parte del ICO para hacer frente a los aranceles supone un movimiento tan necesario como revelador. En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales crecientes y decisiones unilaterales que afectan directamente a sectores estratégicos de la economía española, el Gobierno apuesta por una respuesta rápida que ofrezca oxígeno a las empresas más expuestas.

Estos avales no son un simple apoyo financiero: representan un mensaje político y económico claro. Por un lado, buscan contener los efectos inmediatos de los aranceles, que pueden erosionar márgenes, encarecer exportaciones y poner en riesgo miles de empleos. Por otro, muestran la voluntad del Estado de asumir un papel más activo en la protección del tejido productivo frente a decisiones externas que no controla, pero sufre. No obstante, esta medida es un cortafuegos necesario, pero temporal.

El verdadero desafío pasa por reforzar la competitividad de nuestras empresas, diversificar mercados y, sobre todo, promover una estrategia comercial europea más cohesionada que evite que cada crisis arancelaria se convierta en un terremoto económico. En definitiva, los avales del ICO constituyen un alivio inmediato y un gesto de apoyo institucional imprescindible. No obstante, la estabilidad a largo plazo exige una apuesta sostenida por la transformación productiva. Las empresas necesitan hoy ayuda para resistir, pero mañana necesitarán un entorno que les permita prosperar sin depender de salvavidas coyunturales.