Se han cumplido recientemente 30 años de la entrada en vigor de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que, entre otros aciertos, modernizó el sistema portuario español (poniendo fin a su carácter cuasi militar) y creó las estructuras actuales del salvamento marítimo (SASEMAR). La citada ley forma parte, junto a sus sucesivas reformas (Ley 62/1997, Ley 48/2003, Ley 33/2010, entre otras), del vigente RDL 2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que se aplica a los puertos de interés general que, salvo excepciones (Denia, Palamós y Garrucha, básicamente), son los puertos importantes para la operativa de los buques mercantes. Entendemos que, en términos generales, el sistema portuario español no solo cuenta con buenas y modernas infraestructuras, sino que además los servicios portuarios ofrecidos son de calidad y competitivos (salvo la estiba fundamentalmente) por tener unos precios que, en términos globales, suelen ser más bajos que los de la mayoría de los países de la UE. A título de mejora, se propone: (i) reducir no los puertos, sino algunas autoridades portuarias, de forma que algunos puertos cercanos tengan la misma entidad portuaria e, incluso, compartan algunos servicios portuarios; (ii) potenciar que los consejeros de los puertos sean, sobre todo, representantes del sector marítimo-portuario; y (iii) y reducir los precios de la estiba y mejorar la competitividad del citado servicio en línea con la jurisprudencia comunitaria, obviando los actuales cambios legales de mera nomenclatura y los convenios colectivos anticompetitivos.

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