180 días

Hace ya bastantes años, una empresa asociada a Aveq-Kimika, a la asociación de la industria química de Euskadi, fue adquirida por un importante grupo industrial de matriz española, pero con alcance internacional. Pasado algún tiempo, dentro de las muchas gestiones que implica la incorporación a un nuevo grupo multinacional, entre los muchos cambios que hay que realizar para adaptarse a las exigencias de gestión de los nuevos propietarios, una de las técnicas de la empresa me llamó para explicarme que, por obligaciones de grupo, el plazo de pago de las facturas sería, a partir de ese momento, de 180 días. Yo, asombrado, balbuceé algo sobre la ley de morosidad y ella me dijo que lo sentía y que, al fin y al cabo, trabajar para ellos no es obligatorio… y que, además, nos enviarían efectos descontables en el banco, que suponen un ingreso inmediato. Alegué que conocía esos documentos bancarios, pero que el banco me cobraría un 3% de la factura por ese adelanto de seis meses… y ella, muy resolutiva, me respondió: “Sí, bueno, lo que suelen hacer los proveedores es incrementarnos la oferta un 3% y así pueden descontarse nuestro efecto bancario sin coste real”. Se me escapó contestarle… “entonces, vuestro director financiero es tonto… les estáis regalando un 3% de vuestros costes a los bancos a cambios de… nada”.

Supongo que ella, al otro lado del teléfono, se encogería de hombros y le daría igual. Al fin y al cabo, su cobro de bonus no dependía de ratios financieros o de costes de compras. Lo he hablado alguna vez con gente de finanzas y, por mucho que me lo explican, no lo llego a entender. No veo justificación alguna en demorar el pago de las facturas más allá de 30 días. Si todos cumpliéramos la ley, no hay tipo de interés que compense, ni tensión de tesorería que lo justifique.

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