Euskadi enfila 2026 como un año clave para su futuro económico, no tanto por un giro abrupto del ciclo como por la necesidad de comprobar si la nueva política industrial y de arraigo empresarial es capaz de sostener el crecimiento, reforzar la competitividad y preservar la cohesión social en un entorno cada vez más hostil. Tras la puesta en marcha en 2025 de nuevas herramientas público- privadas, el presente ejercicio se presenta como un auténtico banco de pruebas de la estrategia diseñada. Se trata de demostrar si la CAPV es capaz de blindar su tejido productivo en un mundo en vilo. El contexto no puede ser más incierto. El regreso al poder de Donald Trump ha certificado la defunción de una etapa marcada por la globalización, acelerando la operación militar de Estados Unidos en Venezuela un orden internacional fragmentado, proteccionista e imprevisible. La economía vasca emprende este viaje a lo desconocido con fortalezas contrastadas: un tejido industrial diversificado, una sólida cultura empresarial y una colaboración público-privada que han permitido amortiguar los sobresaltos del último año. Pero estas ventajas no son suficientes para despejar el camino. Sectores clave como la automoción, la siderurgia, los bienes de equipo o la energía operan bajo una presión creciente, atrapados entre aranceles, elevados costes energéticos, la competencia asiática y una Europa que aún no logra articular una respuesta estratégica a la altura del reto. A estas amenazas externas se suman debilidades internas largamente identificadas. La escasez de talento cualificado, el envejecimiento demográfico, el elevado absentismo laboral y una productividad que avanza con lentitud limitan la capacidad de resiliencia. El mercado de trabajo mantiene cifras positivas, pero la calidad del empleo, la parcialidad y la conflictividad social introducen tensiones que ponen a prueba uno de los pilares del modelo vasco, la cohesión. El ejercicio que comienza ofrecerá pistas cruciales sobre la eficacia de los nuevos instrumentos, la capacidad para acelerar proyectos industriales y la voluntad de preservar la paz social. En un mundo más áspero y menos previsible, Euskadi debe demostrar que su apuesta por la industria es un proyecto sólido para seguir escribiendo su futuro.

Oxígeno para el automóvil

La decisión de Bruselas de flexibilizar el calendario que conducía al fin del coche de combustión en 2035 no supone una renuncia a la descarbonización, pero sí un giro significativo en la política climática europea. La Comisión ha optado por levantar ligeramente el pie del acelerador en una de sus medidas emblemáticas del Pacto Verde, asumiendo que la transición ecológica, para ser viable, no puede ignorar la realidad industrial, económica y social del continente. El volantazo es relevante por lo que simboliza. El objetivo inicial de cero emisiones para los turismos nuevos en 2035 funcionaba como guía para el mercado. Al rebajarse ahora el listón al 90% se abre una zona gris que permite la supervivencia de determinados motores de combustión, en especial los híbridos enchufables, siempre que compensen sus emisiones. Es una concesión limitada desde el punto de vista técnico, pero de gran alcance. Reconoce que la hoja de ruta verde no puede trazarse de espaldas a un sector que concentra más de 2,4 millones de empleos directos en Europa y un 7% del PIB. La presión de los grandes países fabricantes y del bloque conservador ha pesado más que las advertencias de las organizaciones ecologistas. Alemania e Italia, con industrias automovilísticas en plena reconversión y bajo la amenaza de la competencia china, han logrado imponer una visión más pragmática. La Comisión, atrapada entre la ambición climática y el temor a una desindustrialización acelerada, ha elegido ganar tiempo. Ese margen adicional, sin embargo, no es neutral. Puede servir para una transición más ordenada, con inversiones mejor acompasadas y un menor riesgo de colapso productivo. Pero también entraña el peligro de que la excepción se convierta en coartada y que la flexibilidad sea interpretada como una invitación a aplazar decisiones que, a medio plazo, son inevitables. La historia reciente de la política climática europea demuestra que cada cesión tiende a generar nuevas demandas. Bruselas no ha dado marcha atrás, pero sí ha enviado un mensaje claro: la transición verde será negociada. El equilibrio entre realismo industrial y liderazgo climático será, más que nunca, la verdadera prueba de coherencia.