Recalibrar la ruta hacia 2035

El encuentro celebrado el pasado septiembre entre la Comisión Europea y los grandes fabricantes de automóviles ha confirmado una realidad impostergable. El futuro del sector pasa por recalibrar la hoja de ruta a partir de una estrategia que combine neutralidad tecnológica y flexibilidad regulatoria. Tras la tercera reunión del diálogo estratégico promovido por Ursula von der Leyen, Bruselas ha abierto la puerta a extender más allá de 2035 la prohibición de comercializar vehículos de combustión. No se trata de cuestionar la descarbonización ni los objetivos climáticos del Pacto Verde, sino de entender que la transición exige plazos viables y una estrategia que proteja la competitividad industrial de uno de los motores económicos de la UE.

El sector emplea directa e indirectamente a 13 millones de personas y genera el 7 % del PIB europeo. Forzar una electrificación acelerada sin considerar el impacto económico y social es tan temerario como ignorar la crisis climática. Los fabricantes han puesto sobre la mesa un argumento difícil de rebatir: el parque automovilístico europeo envejece y urge renovarlo para reducir las emisiones de dióxido de carbono de forma inmediata. Incentivar esa renovación puede resultar más eficaz en el corto plazo que imponer un calendario inamovible. Ejemplos como el programa ‘Menos Emisiones’ del Gobierno Vasco, que ha logrado impulsar en casi un 30% las matriculaciones con ayudas que abarcan todas las tecnologías limpias y no solo la eléctrica, demuestran que existen caminos intermedios sin asfixiar la demanda.

Cuando millones de coches antiguos y contaminantes siguen circulando por las carreteras comunitarias, cabe cuestionar qué sentido tiene vetar el motor de combustión en 2035. Europa necesita menos prohibiciones y más incentivos, menos rigidez y más visión de conjunto. Solo por esta vía podrá avanzar hacia una movilidad limpia sin sacrificar su competitividad industrial ni dejar atrás a millones de trabajadores y consumidores. La transición debe ser justa, ordenada y económicamente sostenible. De lo contrario, se condena al sector a una incertidumbre regulatoria que pone en riesgo inversiones millonarias, a la vez que cede terreno a la ofensiva china.