Ahora mismo, el colectivo de los menores de treinta años es, con el de los parados de más edad, el que mayor riesgo de exclusión social padece. La caída de los ritmos de crecimiento ha provocado que los recursos disponibles se concentren en colectivos menos vulnerables, como los jubilados, los funcionarios o los trabajadores con contrato indefinido. Una elección típicamente política ya viene determinada por su capacidad de movilización. A tenor de sus reivindicaciones, cualquiera pensaría que jubilados o funcionarios figuran entre los grupos sociales más marginados cuando es justamente lo contrario.

Los jóvenes sí han resultado ser los más damnificados, como asegura la Comisión Europea. Políticamente hablando son silenciosos y pasan desapercibidos, no actúan como grupo de presión, cosa que sí hacen los demás, no plantean reivindicaciones y, o no votan o lo hacen de manera desorganizada, hasta el punto de que sus intereses apenas afloran en los programas electorales.

El hecho de que el mercado de trabajo haya priorizado salarios a empleo agrava su situación. Su educación suele tener poco que ver con lo que las empresas solicitan, y el desdén practicado hacia la formación profesional les ha perjudicado enormemente, lo mismo que el abandono escolar y el hecho de que las empresas declinen formar a los trabajadores temporales, objeto de una excesiva rotación.

Su condición de marginados es evidente y su exclusión social sería patente si esa institución básica que es la familia, de la que no pueden independizarse, no hubiera acudido en su auxilio, lo que equivale a una privatización de la dependencia social como no hay otra. Ninguna generación ha tardado tanto en llegar a su mayoría de edad. Y no hay razones para pensar que las cosas pueden cambiar.

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